Desde el año 2016, las personas con síndrome de Down experimentan trabas burocráticas y requerimientos no regulados por la ley para la obtención / renovación de la certificación que les garantiza el acceso a los derechos que la Constitución les atribuye por su condición. Esto se deriva de la aplicación de un protocolo de evaluación ilegal que pone de manifiesto el desconocimiento del diagnóstico del síndrome por parte de los profesionales de los organismos encargados de la evaluación y otorgamiento del CUD.